A través de una serie de denuncias ciudadanas dirigidas a la administración federal, trabajadores de diversas áreas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí han manifestado su profunda inconformidad ante las condiciones laborales y la presunta presión política ejercida por la actual gestión estatal. Los afectados, incluyendo a elementos de la Guardia Civil Estatal, Policías Municipales y personal de la Policía de Investigación (PDI), señalan que son obligados a cumplir directrices de índole político-electoral bajo la amenaza de suspensión o baja definitiva de sus cargos. Asimismo, los denunciantes exponen una grave falta de garantías laborales básicas, destacando la pérdida del seguro de gastos médicos mayores para el personal operativo, así como un rezago histórico en el pago de seguros y pensiones a las viudas de elementos caídos en cumplimiento de su deber.La principal crítica hacia el Ejecutivo estatal radica en la marcada disparidad de las prioridades financieras de la administración. Mientras se destinan presupuestos millonarios para la contratación de artistas nacionales e internacionales en los eventos de la feria estatal, el personal de seguridad pública asegura no contar con el respaldo económico necesario para cubrir los gastos médicos derivados de heridas en servicio. Los trabajadores señalan que estas dinámicas forman parte de una estrategia para recolectar información interna con fines electorales de cara a la sucesión gubernamental, favoreciendo al partido en el poder y bloqueando a la oposición. Ante este panorama, los sectores inconformes hacen un llamado enérgico para detener el condicionamiento de los empleos públicos y priorizar la seguridad, los derechos laborales y el bienestar de las familias potosinas.