El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ha optado por la comodidad burocrática al declarar que no abrirá ninguna investigación de oficio sobre el masivo festejo por los 20 años del “gallardismo” celebrado el pasado 9 de julio en las instalaciones de la Fenapo. Pese a que el evento fue denunciado públicamente por la oposición como un evidente acto anticipado de campaña rumbo a las elecciones de 2027 y una flagrante promoción para la senadora Ruth González Silva, la presidenta del organismo, Paloma Blanco López, blindó al oficialismo argumentando que los exhortos y posicionamientos mediáticos no tienen validez legal. Con esta postura, el árbitro electoral arroja toda la responsabilidad a los partidos políticos, advirtiendo que solo intervendrá si se presenta una queja formal con los requisitos estrictos que exige la ley.Esta omisión institucional ha encendido la indignación ciudadana, pues mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona utiliza recursos e infraestructura pública para apuntalar su proyecto de sucesión dinástica, el CEEPAC se refugia en tecnicismos para evitar actuar. El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Luis Gerardo Lomelí, justificó la inacción señalando que para configurar un delito electoral se requiere un llamado explícito al voto, ignorando deliberadamente el contexto de presión política y movilización que el Partido Verde despliega en el estado. Aunque las dirigencias del PRI y del PAN ya preparan escritos legales, la tibia respuesta del organismo electoral deja en evidencia una alarmante complacencia que le permite a la Gallardía continuar violando la equidad democrática con total impunidad.