
En un ejercicio evidente de doble rasero político, la diputada Sara Rocha salió recientemente a criticar con dureza al Gobierno de México bajo el argumento de pretender implementar una “ley mordaza” para silenciar las opiniones críticas de los medios de comunicación. Sin embargo, resulta profundamente contradictorio y cuestionable que la legisladora alce la voz contra la censura federal cuando ella misma formó parte del grupo de diputados que votó a favor de la llamada “Ley Serrano” en el ámbito local; una normativa restrictiva que buscaba exactamente el mismo fin: coartar la libertad de expresión, intimidar a la prensa y criminalizar la crítica en San Luis Potosí.Lejos de asumir una postura autocrítica o dar aclaraciones claras sobre su historial legislativo, Rocha optó por dar largas y evadir su responsabilidad ante el evidente conflicto en su discurso. Queda al descubierto que para la clase política tradicional la defensa de la libertad de expresión no es una convicción democrática genuina, sino una herramienta de conveniencia que solo se invoca cuando se vulneran sus propios intereses partidistas, mientras que el agravio directo contra el periodismo local se solapa y se aplaude si proviene de su propio bando.
