En un ejercicio de marcada evasión institucional, el diputado Fernando Gámez demostró un desinterés alarmante al asegurar que desconoce los procesos legales y las denuncias que supuestamente interpuso el Congreso del Estado, lavándose las manos y delegando la responsabilidad al área jurídica mientras la opacidad impera en el Poder Legislativo. Con el pretexto de salvaguardar el orden tras pintas y protestas pasadas, el legislador aplaudió a conveniencia un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que más allá de garantizar la seguridad, parece perfilarse como un mecanismo de blindaje ante el descontento social, priorizando restricciones y candados antes que la apertura democrática.Asimismo, bajo un discurso de supuestas “puertas abiertas” que raya en la simulación, Gámez justificó un control estricto del recinto legislativo utilizando como bandera los incidentes de sesiones anteriores, ignorando que la verdadera causa de la tensión radica en la cerrazón de los propios diputados frente a las exigencias ciudadanas. Al condicionar la participación y anunciar planes de diálogo bajo sus propias reglas, el legislador intenta maquillar una política de cerrazón que busca disuadir la protesta legítima, demostrando que para la actual directiva el diálogo con la sociedad civil solo es válido cuando se somete al control burocrático y se evaden las demandas de rendición de cuentas.