Activistas provenientes de San Luis Potosí, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México sostuvieron una reunión de trabajo en el Senado de la República con las legisladoras Claudia Anaya, Karla Toledo y Yolanda de la Torre, con el objetivo de fortalecer la Ley General de Personas con Discapacidad y armonizarla con el artículo 4.3 de la Convención, logrando el compromiso de construir una propuesta consensuada que garantice mecanismos de consulta sencillos, costeables y efectivos.Durante el pronunciamiento, los defensores de derechos humanos lanzaron severas críticas contra el Poder Legislativo potosino, señalando que en el Congreso del Estado no son considerados personas gratas y que de manera constante intentan callar sus opiniones, reprochando directamente al diputado local su actitud de cerrazón frente a las demandas de este sector de la población.Asimismo, criticaron duramente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a su presidenta, Giovanna Argüelles, a quienes acusaron de hacer como si todo estuviera bien y limitar su labor a la asistencia social y protocolaria, advirtiendo que si las instituciones locales deciden quedarse pasmadas o no ayudar, simplemente les darán la vuelta para seguir avanzando en la conquista de sus derechos.