Las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre los posibles perfiles del partido verde rumbo a la gubernatura de 2027 —en las que mencionó al secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, y al diputado federal Juan Carlos Valladares — abren el debate sobre si se trata de aspirantes reales o de una estrategia para desviar la atención. Pese a que el mandatario estatal asegura que no hay nada definido, resulta imposible ignorar que durante el evento político “20 años de gallardía” destapó de forma directa a su propia esposa, la senadora Ruth González Silva, señalando públicamente que ella se encargaría de cuidar a San Luis Potosí. Esta baraja de nombres funciona frecuentemente como un ejercicio de distractores que mantiene la conversación pública en movimiento, restando peso a la discusión central sobre la continuidad institucional en el estado. A este escenario de simulación política se suma la opacidad que rodea la supuesta fuerza partidista del Partido Verde Ecologista De México SLP, estimado supuestamente en 700 mil afiliados. La credibilidad de estas cifras se debilita severamente cuando ocurren situaciones como la documentada recientemente por el noticiero nacional N+, donde ciudadanos de diversas colonias denuncian públicamente que el suministro vital de agua en pipas es condicionado bajo la amenaza de perder el servicio si no aceptan afiliarse al partido verde. Este tipo de prácticas expone una marcada contradicción entre los números alegres que presume la cúpula gobernante y la realidad de un padrón inflado a base de presiones y necesidades sociales.Ante este panorama, la pregunta legítima que queda en el aire es qué porcentaje de esos cientos de miles de simpatizantes responde a una convicción ideológica real y cuántos ciudadanos figuran en las listas únicamente bajo la coacción institucional. Mientras el Ejecutivo estatal continúa enlistando posibles cartas para la sucesión y minimizando los cuestionamientos, la ciudadanía observa un proceso anticipado donde el uso de recursos y la estructura gubernamental se emplean para mantener cuotas de poder, dejando en entredicho la equidad y la legalidad de los próximos procesos electorales en la entidad.