El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, cayó en un evidente cinismo al vanagloriarse del supuesto éxito del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, asegurando que cumple con “nueve de diez estándares nacionales” para garantizar el ejercicio libre y seguro del gremio. Sin embargo, el discurso triunfalista del funcionario se desmorona por completo frente a la cruda realidad que enfrenta el periodismo en San Luis Potosí, donde el propio grupo en el poder opera como el principal perseguidor de la libertad de expresión. Resulta un insulto a la inteligencia del gremio presumir “atención y seguridad” cuando figuras clave del proyecto oficialista, como la senadora Ruth González Silva y el diputado Héctor Serrano Cortés, ambos del Partido Verde Ecologista De México SLP, han emprendido de manera sistemática cacerías judiciales y denuncias penales contra comunicadores por el simple hecho de ejercer su labor crítica y fiscalizadora.La narrativa de Torres Sánchez enmascara una alarmante doble moral institucional: mientras la Secretaría de Gobierno vende una fachada de respaldo institucional a través de burocracia estatal y resoluciones de papel, en la práctica el aparato del Estado tolera e impulsa el acoso político y legal contra las voces disidentes. Presumir que la administración “cuida la integridad del periodista” se convierte en un sarcasmo inaceptable cuando la cúpula parlamentaria y los liderazgos del PVEM utilizan los tribunales para intimidar, censurar y ahogar financieramente a los medios de comunicación independientes. Con esta postura, el Ejecutivo no solo solapa la represión promovida por sus aliados políticos, sino que confirma que el citado mecanismo no es más que una simulación para maquillar la persecución sistemática a la prensa en la entidad.