Incapaz de encajar la contundente bofetada institucional del Consejo Directivo Universitario, el diputado Héctor Serrano arremetió de nuevo contra la máxima casa de estudios, acusando de “soberbia” y “actitud déspota” la decisión unánime de rechazar la fabricación de disculpas públicas encomendada a la CEDH. En lugar de asumir la ilegitimidad de un fallo dictado a su estricta conveniencia, el legislador oficialista amenazó con prolongar su cruzada personal hasta agotar instancias nacionales e internacionales, pretendiendo judicializar la autonomía universitaria. Para rematar su narrativa de persecución, Serrano volvió a desacreditar la indignación ciudadana al insinuar que las manifestaciones a las afueras de la defensoría —donde decenas de familias exigen la salida de Giovana Argüelles— fueron una simple “distracción” orquestada para opacar la votación del Consejo Universitario.La reacción del legislador deja al descubierto el trasfondo autoritario de quien no tolera un “no” por respuesta: al anunciar que interpondrá demandas civiles, denuncias y cualquier recurso que tenga a la mano, Serrano demuestra que su prioridad es someter a la universidad pública para sentar un precedente de sometimiento. Al victimizarse ante el rechazo unánime de la comunidad académica y calificar de “violentos” a los colectivos de víctimas que exigen justicia, el diputado reafirma el sesgo con el que se pretende usar a los organismos garantes de derechos humanos como instrumentos de intimidación política, encontrando en la dignidad universitaria un límite firme que no ha podido doblegar.