Un nuevo y grave señalamiento de abuso policial ensombrece la actuación de la Guardia Civil Estatal en la Zona Media, luego de que habitantes del municipio de Rioverde denunciaran la irrupción ilegal de agentes a su domicilio el pasado 15 de octubre. Sin orden judicial, sin justificación legal y amparados en el uso de la fuerza, los uniformados vulneraron la privacidad de la vivienda para arremeter violentamente contra los presentes mediante golpes, agresiones y amenazas. El atropello deja en evidencia el grave deterioro del adiestramiento y la falta de control interno en la corporación, donde los agentes optan por actuar al margen del debido proceso y someter a la ciudadanía en lugar de brindar el resguardo institucional que su encargo exige. El caso en Rioverde pone de manifiesto cómo el discurso oficialista de contención del delito choca de frente con la cruda realidad de acoso y arbitrariedad que padecen las comunidades en el interior del estado. Que elementos armados penetren predios privados sin mandato explícito y aterroricen a las familias expone la permisividad gubernamental hacia conductas delictivas cometidas desde el propio aparato de seguridad pública. Lejos de garantizar la tranquilidad de las familias potosinas, la corporación estatal se consolida como una amenaza de la cual la población debe cuidarse, mientras las mandos superiores y las instancias de procuración de justicia mantienen un pasivo silencio de complicidad institucional ante la recurrencia de estos amedrentamientos.