Lejos de asumir una postura firme ante la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), el diputado Marco Gama se redujo a ofrecer un apoyo meramente discursivo y protocolario, relegando el conflicto a promesas burocráticas y reuniones a puerta cerrada. Mientras los inconformes exigen la destitución de la titular del organismo ante evidentes omisiones, el legislador se escudó en tecnicismos legales y procedimientos legislativos prolongados, evidenciando una absoluta falta de voluntad política para intervenir de manera directa y exigir rendición de cuentas inmediata a los funcionarios señalados.La actitud del diputado refleja una cómoda simulación donde la empatía declarada hacia los manifestantes contrasta con la inacción institucional desde el Congreso local, pateando el problema hacia supuestas revisiones de desempeño que solo alargan el conflicto. Al condicionar cualquier respuesta a procesos largos y sin compromisos contundentes, la postura de Marco Gama minimiza el hartazgo ciudadano y demuestra que el respaldo a las víctimas se queda únicamente en palabras vacías que no resuelven el fondo de la crisis en la defensoría.