Con 18 votos entregados desde la bancada oficialista y sus aliados, el Congreso del Estado de San Luis Potosí consumó una nueva afrenta a la rendición de cuentas al elegir a Benjamín Pérez Álvarez como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La designación de un perfil proveniente del riñón operativo del gallardismo —recientemente reciclado en la Secretaría General de Soledad tras su opaco paso por la Comisión Estatal del Agua— anula de tajo cualquier margen de independencia técnica en el combate a la impunidad. Lejos de garantizar una vigilancia imparcial al manejo del erario, la mayoría legislativa impuso a un fiscal a modo, diseñado para blindar las irregularidades del régimen y sepultar cualquier investigación contra la cúpula estatal.Esta imposición confirma la estrategia del grupo en el poder para desmantelar los contrapesos institucionales y convertir los organismos de fiscalización en simples oficinas de trámite subordinadas al Ejecutivo. Al colocar a un operador incondicional al frente del órgano encargado de castigar el desvío de recursos públicos, el Congreso del Estado envía una señal devastadora a la ciudadanía: la corrupción oficial no se perseguirá, se protegerá. Con este nombramiento, el aparato estatal tuerce la ley para garantizar la impunidad de los suyos, dejando en claro que en San Luis Potosí la justicia anticorrupción no es un mecanismo de control, sino un escudo político al servicio del oficialismo.