La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, tuvo que salir a buscar a la Fiscalía General del Estado apenas para dar seguimiento a 15 carpetas de investigación que involucran a choferes del transporte público en robos y asaltos, dejando al descubierto la inoperancia de la dependencia para depurar el gremio de manera preventiva. Prometer la revocación de concesiones una vez que existan sentencias jurídicas no es más que una respuesta tardía y reactiva ante un problema de seguridad que lleva meses amenazando a la ciudadanía. Al depender completamente de las investigaciones ministeriales para actuar y requerir domicilios hasta este punto, la SCT evidencia la falta de controles rigurosos en la supervisión de los conductores y deja a los usuarios a merced del delito en el transporte público.