La disputa por los sobrecostos en la infraestructura del estado escaló hasta la máxima tribuna del Congreso Local, donde el diputado Luis Fernando Gámez embistió frontalmente contra el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos. Tras la respuesta del edil sobre el puente Jacobo Payán, el legislador calificó como “aspaviento mediático”, “berrinche” y “desplante en redes” la postura municipal, acusando a la alcaldía de esconderse tras sellos administrativos para evadir la rendición de cuentas sobre un gasto de 245 millones de pesos. Gámez enfatizó que la sola aprobación formal de la Contraloría no exime a la obra de registrar presuntos sobreprecios y anomalías financieras, anunciando que con el respaldo de la Ley de Fiscalización Superior se ha solicitado formalmente una auditoría especial a la gestión capitalina.Sin embargo, si el diputado pretende exigir explicaciones desglosadas al alcalde por el costo de sus proyectos, lo congruente sería aplicar la misma vara de fiscalización a la administración del gobernador Ricardo Gallardo. Resulta profundamente cuestionable que desde el poder legislativo se acuse opacidad municipal mientras se solapan las anomalías del Gobierno del Estado, donde múltiples obras de infraestructura carecen de procesos transparentes de licitación y de una gran cantidad de proyectos ni siquiera se conoce el costo final ni los beneficiarios de los contratos. Exigir rigor técnico solo a la alcaldía mientras se mantiene bajo secrecía el gasto público estatal no es un acto de rendición de cuentas, sino una flagrante estrategia de persecución política orientada a tapar la propia falta de transparencia de la administración estatal.