El gobernador Ricardo Gallardo Cardona volvió a evadir la rendición de cuentas tras rehuir a los cuestionamientos directos sobre el costo real y los procedimientos de licitación del puente de la salida a Guadalajara. En lugar de esclarecer el monto invertido, las condiciones de contratación y el destino de los recursos públicos en sus propias edificaciones, el mandatario prefirió desviar la atención arremetiendo contra los proyectos del ayuntamiento. Esta maniobra evasiva deja al descubierto el doble rasero de la administración estatal, que exige máxima transparencia a los gobiernos locales mientras mantiene bajo total hermetismo e insondable secrecía sus propias obras de infraestructura.Para afianzar la persecución, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, se alineó de inmediato a la línea del Ejecutivo al anunciar investigaciones aceleradas contra el municipio, omitiendo deliberadamente fiscalizar las inconsistencias del gobierno estatal. La sumisión del órgano auditor y la complicidad del Congreso revelan que la fiscalización en la entidad no responde a criterios técnicos ni de autonomía, sino que funciona como un garrote político para amedrentar a la capital, mientras las sospechas de sobreprecio y adjudicaciones opacas en el estado continúan en la impunidad.