La opacidad y la presunta red de encubrimiento institucional quedaron al descubierto en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, luego de que la titular de la dependencia, María Manuela García Cázares, nombrara el pasado 2 de octubre como Vicefiscal a José Rubén González Ramos, a pesar de mantener vigente en su contra la queja por abuso sexual 1VQU-0049/25 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde enero de 2025. Lejos de ser investigado por la Visitaduría o el Órgano Interno de Control tras emitirse medidas precautorias en su contra, el funcionario fue premiado con dos ascensos consecutivos —primero como Director General de Delegaciones en febrero de 2026 y posteriormente como Vicefiscal—, mientras que en su expediente laboral se asentó irregularmente la leyenda de “no aplica” respecto a señalamientos de derechos humanos. Para blindar este nombramiento ante el escrutinio público, el Comité de Transparencia de la propia Fiscalía reservó por cinco años —hasta 2031— la existencia de procedimientos internos y el estatus de sus exámenes de control de confianza, en un flagrante conflicto de interés donde el propio González Ramos es integrante de dicho comité y delegó la firma del acuerdo de reserva a una subordinada directa de su Vicefiscalía.A este pacto de silencio se suma la parálisis de la CEDH, encabezada por Giovanna Argüelles Moreno, organismo que acumula casi dos años de omisión sin resolver la denuncia contra el hoy alto mando de la Fiscalía, contrastando con la celeridad con la que atiende recomendaciones solicitadas por actores políticos. Mientras colectivos ciudadanos mantienen tomadas las instalaciones del organismo defensor para exigir la destitución de Argüelles Moreno y de la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez —quien respondió suspendiendo plazos legales de manera indefinida—, los acuerdos de reserva AR/18/2026 y AR/DGSPC/22/2026 ya fueron impugnados ante la CEGAIP. Ante el escándalo institucional, se ha puesto sobre la mesa que la titular de la CEDH comparezca ante el Congreso del Estado el próximo 23 de noviembre para rendir cuentas sobre la dilación deliberada que permitió el ascenso y encubrimiento del funcionario señalado.