En la agresión contra cinco indígenas potosinos por parte de policías de Nuevo León, que causó la muerte a dos, hay, además de prepotencia policiaca, también visos de clasismo y racismo, externó Galileo Hernández Reyes, presidente de la ONG Procuración de Justicia Étnica A.C., que acompaña a deudos de los fallecidos y a parientes de los tres indígenas que siguen heridos.
En entrevista, Hernández Reyes indicó que la primera reacción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León, Aldo Fasci, de decir que estaba enojado porque una “riña de borrachos” terminara en una tragedia, refleja la minimización del hecho y la criminalización de las víctimas. “Lo que debió haber hecho es pedir perdón y decir que se sometía a una investigación”, manifestó Galileo Hernández.
Indicó que el señalamiento de que los potosinos, que hacían trabajo de albañilería en el domicilio del fraccionamiento Los Cristales, estaban bebiendo alcohol, implicaba sólo la sanción de una falta administrativa, pero el episodio acabó con un caso de uso de fuerza excesiva que fue fatal.
Otro factor que refleja esta situación fue que los potosinos originarios de Aquismón recibieron 13 balazos, disparados por un agente, aunque hay versiones de que fueron dos.
Esto también habla, dijo, de una falla en la capacitación de los policías.
Ahora, Procuración de Justicia Étnica acompaña a los deudos de los dos indígenas fallecidos y de los tres que permanecen en el hospital. Para los primeros, exigen justicia y sanciones a los responsables y para las familias de todos, la reparación del daño.
Los policías agresores de los potosinos pertenecen a la Guardia Civil, una corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, que durante los últimos meses ha sido señalada por excesos cometidos contra los ciudadanos.