El conflicto por el predio La Peña dio un giro contundente luego de que un Tribunal Federal modificó la resolución inicial y concedió una suspensión que ordena regresar de inmediato a las familias indígenas de Tampamolón Corona a las tierras y viviendas de las que fueron expulsadas. La resolución, emitida dentro del Recurso de Queja 195/2026, representa un durísimo golpe para el Ayuntamiento de Tampamolón, encabezado por la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, y para el Gobierno del Estado, a quienes los afectados y organizaciones como la CIOAC acusan de haber respaldado un operativo ilegal para sacarlos de un terreno que habitaban de forma pacífica desde hace más de 30 años.
Para asegurar que se respeten los derechos de los pueblos originarios, la justicia federal ordenó que las diligencias se realicen con el apoyo de intérpretes en lenguas náhuatl, tének y maya a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Este mandato judicial cobra una enorme relevancia debido a que ocurre apenas unos días después de que las familias denunciaran que sus casas fueron destruidas, saqueadas y quemadas presuntamente por trabajadores municipales y fuerzas de seguridad. Ahora, toda la atención se centra en el cumplimiento de esta orden federal, ya que si las autoridades estatales o municipales deciden retrasar o desobedecer la entrega de las tierras, podrían enfrentar graves consecuencias legales por desacato.