Una investigación del prestigiado diario internacional El País, firmada por el periodista Zedryk Raziel, desató una severa crisis política al revelar que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona contrató a un polémico asesor de Donald Trump para tejer una presunta red de protección legal en Washington. El perfil de Roger Stone —dueño de la firma Drake Venture LLC y experto intermediario ante la Casa Blanca para la obtención de indultos presidenciales a favor de personajes extranjeros acusados de delitos graves— refuerza la hipótesis en el círculo político de que la administración potosina intenta buscar un escudo institucional. Esta sospecha cobra fuerza en un contexto crítico, marcado por recientes filtraciones en la prensa estadounidense sobre investigaciones de agencias de aquel país contra políticos del oficialismo mexicano, sembrando el temor a posibles acciones penales o la pérdida de estatus legal en el país vecino.Diversos analistas señalan que los términos del contrato registrado ante el Departamento de Justicia de EE. UU., que estipulan servicios de “asesoría y representación ante funcionarios del Gobierno de Estados Unidos”, encajan perfectamente con el modus operandi de Stone para abrir canales de interlocución política y desactivar presiones judiciales. La opinión pública y sectores de la oposición interpretan este inusual movimiento como un intento preventivo de la cúpula potosina por blindarse e incluso conseguir inmunidad ante agencias como la DEA o el Departamento de Justicia, utilizando un cabildero de máxima confianza en la Casa Blanca para asegurar un amparo político antes de que las indagatorias del país vecino tomen un rumbo adverso.Aunque el gobernador Gallardo ha insistido de manera tajante en que el acuerdo de 375 mil dólares busca exclusivamente detonar inversiones en el sector minero y ha calificado las acusaciones como “golpeteo político” rumbo al proceso electoral, sus argumentos no han logrado frenar las suspicacias. Para la ciudadanía, la coincidencia entre el millonario acuerdo, el historial de Stone arreglando problemas legales al más alto nivel en Washington y la creciente presión de Estados Unidos sobre la clase política en México, consolidan la percepción de que la administración estatal no está buscando capitales extranjeros, sino un salvoconducto e inmunidad en el extranjero para garantizar su propia tranquilidad judicial.