El Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) ha quedado bajo un severo cuestionamiento tras la filtración de un documento oficial que revela prácticas extremas de control y presunto espionaje interno contra su propio personal. En el formato se observa cómo la institución exige a los empleados desglosar detalles íntimos de su vida privada, llegando al extremo de obligarlos a registrar sus nombres de usuario en redes sociales como Facebook. Esta flagrante intromisión violenta el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de los trabajadores con un fin netamente político: fiscalizar su vida digital para obligarlos sistemáticamente a dar “like” y comentar de manera positiva en las publicaciones de la senadora Ruth González Silva y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, evidenciando un burdo régimen de vigilancia y sometimiento laboral utilizado como estructura de propaganda oficialista.