En un movimiento desesperado por limpiar su imagen ante el escarnio nacional, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ordenó la derogación de la “Ley Serrano”, la misma norma represiva que él mismo instruyó crear para intimidar, perseguir y encarcelar a periodistas independientes. Lejos de ser un acto de rectificación democrática, la escena en el Congreso local expuso la fractura en la cúpula del poder: Gallardo utilizó el evento para humillar y deslindarse de Héctor Serrano, su operador de cabecera, quien quedó exhibido ante la opinión pública tras el fracaso de una estrategia legislativa que le trajo al régimen un desprestigio internacional sin precedentes.Sin embargo, esta aparente apertura es apenas una cortina de humo, pues el gobernador ya advirtió que prepara una nueva ofensiva contra la libertad de prensa de cara a las elecciones de 2027. Mientras Serrano es desplazado y el secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, retoma su lugar como el brazo ejecutor de confianza, el régimen mantiene intacta su naturaleza hostil hacia la crítica. La derogación de esta ley no marca el fin de la censura, sino un simple ajuste de piezas en una administración que, a pesar de sus simulaciones y cambios de discurso, sigue considerando a la prensa libre como su principal enemigo a vencer.