Acorralada por cuestionamientos sobre las absurdas consecuencias jurídicas tras la reciente derogación de la llamada “Ley Serrano” —norma que mantuvo injustamente a dos periodistas encarcelados durante un mes y por la cual se fabricó un supuesto acuerdo de liberación—, la fiscal del estado, María Manuela García, demostró una total falta de claridad y un evidente temor para asumir la realidad jurídica. Al ser cuestionada directamente sobre el sinsentido de mantener vigente dicho acuerdo cuando el delito ha quedado oficialmente eliminado por la anulación de los artículos, la funcionaria prefirió evadir el tema refugiándose en pretextos burocráticos y excusas tibias sobre “analizar las consecuencias”, evidenciando una preocupante parcialidad y un nulo compromiso con la legalidad.Resulta inaceptable que, ante un agravio tan evidente contra la libertad de expresión y los derechos humanos, la titular de la procuración de justicia en el estado opte por el titubeo y la ambigüedad en lugar de garantizar la aplicación inmediata de la ley. Con esta postura evasiva, la Fiscalía no solo revictimiza a quienes padecieron esta persecución legal, sino que deja en entredicho su autonomía y capacidad, demostrando que prefiere proteger sus manejos opacos antes que reconocer que, al no existir delito que perseguir, cualquier condicionamiento o acuerdo remanente carece por completo de sustento ético y constitucional.