Durante una reciente entrevista, el contralor general del estado de San Luis Potosí, Sergio Arturo Aguiñaga, se limitó a declarar que existen 18 obras pertenecientes al municipio de San Luis Potosí que se encuentran detenidas por supuesta falta de documentación. Específicamente, intentó señalar que el proyecto vial de El Saucito permanece parado por ausencia de estudios técnicos; sin embargo, esta versión omite la realidad jurídica y el evidente retraso institucional, ya que dichas obras y los trabajos en El Saucito han enfrentado suspensiones derivadas de un amparo, buscando así culpar a la administración municipal de omisiones ajenas a la defensa ciudadana de la zona.Asimismo, al ser cuestionado sobre la entrega de despensas por parte del titular de la SEDESOL —caso que cuenta con múltiples evidencias públicas—, el funcionario se escudó en que el asunto “está en investigación”. Este tipo de respuestas por parte de la Contraloría General evidencian una evidente protección oficial y un pacto de impunidad, donde las pruebas claras de presuntos desvíos y uso irregular de recursos quedan congeladas en la burocracia para proteger a los operadores del régimen.