El gobernador Ricardo Gallardo confirmó que su administración impulsará el cambio de nombres a diversas vialidades del estado que, bajo su juicio, pertenezcan a la llamada “maldita herencia”, una medida impulsada más por diferencias políticas que por una auténtica necesidad social. Lejos de representar un beneficio para la ciudadanía, esta decisión unilateral amenaza con desatar una serie de complicaciones burocráticas innecesarias para miles de familias, quienes no solo verán borrada parte de la identidad urbana, sino que se enfrentarán a un verdadero viacrucis administrativo para actualizar sus datos personales.Modificar el domicilio fiscal y legal implica un gasto de tiempo y recursos económicos que el gobierno estatal parece ignorar por completo al imponer caprichos ideológicos por encima del bienestar común. Cambiar el nombre de una calle obliga a los habitantes a realizar costosos y tardados trámites en identificaciones oficiales, escrituras, comprobantes de domicilio y registros bancarios, afectando la tranquilidad de quienes legítimamente exigen soluciones a los verdaderos problemas de la entidad y no distracciones de escritorio.