El amago del diputado Héctor Serrano de revisar la actuación de asesores y empleados del Poder Legislativo bajo el argumento de presuntas filtraciones de documentos ha sido severamente reprochado por diversos sectores, quienes señalan la medida como un intento velado de amedrentar al personal y frenar la rendición de cuentas. Lejos de garantizar la imparcialidad institucional que exige el legislador, la advertencia sobre la actuación de los trabajadores es interpretada como un mecanismo de control político y presión laboral, buscando silenciar cualquier disidencia o fuga de información que incomode a la cúpula en el poder.Asimismo, las declaraciones en las que el representante popular insiste en que los empleados obedecen estrictamente a la institución contrastan con la preocupación de que se utilice el aparato legislativo para fabricar un clima de persecución bajo el pretexto de evitar crisis internas. Mientras la dirigencia justifica la revisión de documentos publicados públicamente como un riesgo de uso partidista, las voces críticas apuntan a que este tipo de posturas solo evidencian la intolerancia y el nerviosismo oficialista ante la exposición de sus decisiones internas.