Documentos oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia revelaron que la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo evade sus obligaciones legales en materia de comunicación social, ya que la Secretaría General de Gobierno (SGG), firmada por Dagoberto Castillo Ávila, se deslindó de los programas anuales de comunicación bajo el argumento de no ser competente, a pesar de que la ley en la materia y su propia normatividad orgánica establecen lo contrario. Esta negativa institucional, sumada a la opacidad en el manejo de recursos, evidencia una contradicción flagrante frente a los intentos del Ejecutivo por regular a los medios de comunicación y crear directorios de control, exhibiendo que la actual gestión opera al margen de la ley y evade el cumplimiento de los lineamientos de transparencia vigentes.Por su parte, la Contraloría General del Estado, a través de su Dirección Administrativa a cargo de José Alejandro Álvarez García, admitió por escrito que no cuenta con el Sistema Público de Gastos de Medios que exige la legislación desde 2021, asegurando cínicamente que no se ha erogado ni un solo peso en comunicación social durante cinco años de gobierno, una afirmación insostenible ante la constante pauta de espectaculares, campañas digitales y convenios publicitarios con diversos comunicadores. Con estas respuestas oficiales, las dependencias estatales confiesan la ausencia de rendición de cuentas sobre el gasto propagandístico, violentando los mandatos legales y dejando al descubierto la simulación con la que operan los recursos públicos destinados a la difusión institucional en San Luis Potosí.