El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se sumó al bloque de mandatarios que suscribió un pronunciamiento para rechazar la reincorporación de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, llamando a la responsabilidad política y a no anteponer intereses de grupo. Sin embargo, resulta sumamente irónico y cuestionable que el mandatario potosino adopte esta postura de disciplina institucional, cuando en repetidas ocasiones ha dejado claro que su administración no pertenece a Morena y ha descartado de forma tajante cualquier alianza con este partido en el estado.La adhesión de Gallardo a este llamado deja en evidencia una fuerte incongruencia y una profunda contradicción en el escenario político local. Por un lado, se adhiere de manera conveniente a un bloque partidista con el que formalmente no mantiene afinidad ni alianza electoral en territorio potosino, buscando alinearse a conveniencia con discursos de gobernabilidad y legalidad. Por otro lado, resulta por demás inaceptable e irónico que firme en contra de conductas ajenas, cuestione la probidad de otros actores públicos o pretenda dar lecciones de ética cuando él mismo ha sido un gobernador que arrastra antecedentes penales por haber pisado la cárcel, ha cargado con señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada y enfrenta una investigación en curso en Estados Unidos, evidenciando un doble discurso que desvía la atención de su propio historial.