Tras la cancelación de su audiencia por la inasistencia del Ministerio Público y de los acusados, la exdirigente del SUTSGE, Lilia Pérez, y Claudia Ibarra rompieron el silencio para denunciar presuntas prácticas de acoso laboral perpetradas por Héctor Dávila, quien previo a separar de sus funciones a los trabajadores les bloqueaba el acceso al sistema de checador. Las afectadas revelaron cifras alarmantes que superan los dos mil burócratas perjudicados en el Gobierno del Estado, a quienes habrían dado de baja de manera arbitraria bajo el argumento de supuestas órdenes de la Oficialía Mayor, pero sin exhibir ningún documento oficial ni cumplir con los procedimientos legales establecidos.Ante este panorama de impunidad, las denunciantes lanzaron un enérgico llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reprocharon la opacidad del propio SUTSGE, al señalar que se ha mantenido al margen sin intervenir en la defensa de los empleados afectados. Mientras el proceso judicial quedó formalmente reprogramado para el próximo mes de noviembre, las exribereñas exigieron que se investiguen a fondo estas arbitrariedades laborales que vulneran los derechos de miles de familias potosinas.