La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una nueva Acción de Inconstitucionalidad —turnada a la ministra María Estela Ríos González bajo el expediente 130/2026— en contra del Decreto 0589 aprobado por el Congreso del Estado, el cual modificó los requisitos constitucionales para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Con esta reforma impulsada por el bloque oficialista, se redujeron drásticamente las exigencias para el cargo, eliminando la necesidad de ser originario de la entidad, recortando la residencia de cinco a dos años y disminuyendo la experiencia profesional mínima. Dicha modificación legal no solo salió adelante entre cuestionamientos técnicos y el voto en contra de la bancada de Morena y Nueva Alianza, sino que arrastró desde su origen una grave controversia interna tras confirmarse que el documento analizado en comisiones fue alterado de última hora y sustituido en la Gaceta Oficial, eliminando un artículo transitorio sobre la continuidad de la actual fiscal, María Manuela García Cázares, y fabricando fechas que fueron desconocidas por la propia presidencia de la comisión.Lejos de transparentar el proceso ante los señalamientos de manipulación documental y simulación legislativa, la respuesta desde la cúpula del Partido Verde Ecologista de México, encabezada por el diputado Héctor Serrano Cortés, consistió en desatar una cacería de brujas y amenazar con sanciones a asesores por filtrar las irregularidades a los medios de comunicación. Este nuevo revés constitucional ante la máxima instancia del país pone una vez más en entredicho la legalidad con la que opera el Poder Legislativo local, donde las leyes secundarias y constitucionales se planifican a contentillo y con albazos exprés para acomodar perfiles a la medida, dejando al descubierto una simulación institucional que ahora deberá ser revisada y corregida por la Suprema Corte.