Una red de condicionamiento político ha salido a la luz tras denuncias ciudadanas que exhiben cómo la entrega de despensas oficiales está supeditada a la tramitación obligatoria de la “tarjeta verde” y a la entrega de la credencial del INE. De acuerdo con los testimonios recibidos, la distribución de los apoyos alimentarios no se realiza en espacios públicos ni bajo esquemas transparentes de bienestar, sino directamente en los domicilios particulares de coordinadoras territoriales alineadas al Partido Verde, quienes utilizan las necesidades básicas de la población como moneda de cambio para engrosar el padrón de militantes del partido oficialista.Esta práctica de coacción evidencia una clara manipulación de los programas sociales con fines electorales, donde el acceso a un derecho básico queda vedado para quien no acceda a ceder sus datos personales y filiación partidista. La entrega clandestina en inmuebles privados evita la fiscalización institucional y vulnera la equidad democrática en San Luis Potosí, convirtiendo la asistencia pública en un mecanismo de control clientelar que prioriza los intereses del partido en el poder por encima de la dignidad y urgencia de las familias potosinas.