Tuvieron que pasar días de absoluto e indignante silencio para que la titular de la Fiscalía General del Estado finalmente diera la cara tras la trágica muerte de un menor de edad en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve). Lejos de asumir la gravedad de la omisión institucional o acelerar la justicia, la fiscalía se limitó a dar largas, prometiendo que hasta inicios de semana entregará peritajes para determinar si el hecho se clasifica como homicidio o un simple “accidente”, un intento evidente de enfriar la presión social y escudarse en la burocracia mientras la sociedad exige culpables claros.La muerte del menor, aplastado por una portería que ni siquiera estaba fijada en un campo deportivo público, destapó la podredumbre y la negligencia criminal que reina en las instalaciones del gobierno. Por si fuera poco, la ausencia de paramédicos y ambulancias en el lugar obligó a trasladar al niño de forma particular a un hospital donde terminó perdiendo la vida. Hoy, la Fiscalía se acomoda en la comodidad de los trámites y las investigaciones lentas, intentando matizar como una mera eventualidad lo que a todas luces fue un homicidio por negligencia y abandono de la autoridad.