El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio continuidad a sus señalamientos sobre la reciente elección del nuevo Fiscal Electoral, Benjamín Pérez Álvarez, cuestionando abiertamente su falta de trayectoria y perfil técnico en materia penal y electoral. Aunque admitió que el nombramiento cumple formalmente con los requisitos legales, el edil subrayó que su trayectoria lo vincula directamente a la estructura del grupo político en el poder, habiendo transitado por administraciones municipales afines y por la Comisión Estatal del Agua. Para Galindo, obviar a la vasta comunidad de juristas de alto nivel con los que cuenta la entidad para imponer a una figura identificada con el oficialismo configura un escenario donde la autoridad electoral resulta cómoda para el régimen, pero sumamente incómoda e insatisfactoria para el resto de la ciudadanía.Ante la falta de garantías de imparcialidad y las anomalías registradas durante la votación en el Congreso —donde persisten dudas sobre los horarios de convocatoria y el conteo de votos—, el munícipe hizo un llamado a la sociedad potosina a mantenerse vigilante frente a las decisiones institucionales rumbo a los próximos comicios. Aunque aclaró que la vía de la impugnación corresponde estrictamente a los partidos políticos y no a su figura institucional, enfatizó que la opinión pública debe poner sobre la mesa los evidentes intereses partidistas detrás de esta designación. Con esto, Galindo sostiene la denuncia sobre un proceso desaseado que debilita la confianza en los contrapesos democráticos del estado.