A pesar de las graves acusaciones y de las evidencias sobre el retiro violento de propaganda y el robo de un teléfono celular durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, negó de forma categórica cualquier vínculo del aparato estatal o del Partido Verde con las agresiones cometidas contra militantes del Partido del Trabajo. El funcionario defendió que el evento transcurrió en un marco de orden y civilidad, desestimando los señalamientos directos que apuntan a una operación sistemática para amedrentar a la fuerza política aliada.Sin embargo, la postura oficial choca frontalmente con la exigencia de la dirigencia petista, la cual insistió en sus denuncias y reprochó que estas acciones responden a provocaciones políticas deliberadas de cara al proceso electoral. Mientras el Gobierno del Estado insiste en minimizar el conflicto bajo discursos de aparente tranquilidad, la confrontación entre fuerzas aliadas deja al descubierto un clima de tensión y disputa territorial donde las instituciones optan por el deslinde en lugar de garantizar piso parejo y seguridad para todas las expresiones políticas.