A pesar de que se comprobó plenamente que trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) fueron desviados de sus funciones oficiales para realizar labores de limpieza, pintura y deshierbe en una propiedad privada del titular Jorge Luis Díaz Salinas previo a un festejo, la Contraloría General optó por un castigo simulado. Al imponer únicamente una amonestación leve al funcionario y recargar toda la culpa en su asistente particular bajo el pretexto de que este último fue quien dio las órdenes, la administración estatal minimiza un claro abuso de poder y el uso indebido de la estructura gubernamental para beneficio personal.Resulta inadmisible y cínico que el contralor general, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, intente justificar la impunidad al negar que existiera un uso indebido de recursos públicos, cuando es evidente que se empleó tiempo, personal y nómina del erario en tareas particulares. Con este tipo de resoluciones a modo, el gobierno estatal demuestra que la rendición de cuentas es una simulación, protegiendo a los altos mandos y dejando en claro que las irregularidades de los secretarios se saldan con palmadas en la espalda mientras se encubren los privilegios del poder.