La propia Fiscalía General del Estado tuvo que doblar las manos y desmentir la vocería oficial al confirmar que la privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, ocurrió efectivamente en suelo potosino mientras viajaba hacia Real de Catorce. Tras días de mentiras e intentos por sacudirse la responsabilidad culpando a los mapas vecinos, la fiscal Manuela García admitió la agresión en territorio estatal, argumentando una persecución iniciada desde Zacatecas por presuntos miembros del crimen organizado; un giro que deja en completa evidencia la farsante narrativa de seguridad que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió imponer a la ciudadanía.Por si el ridículo institucional no fuera suficiente, las autoridades potosinas buscaron desmarcarse del mérito operativo al asegurar que el munícipe no fue rescatado en un despliegue de fuerza, sino que logró escapar por cuenta propia y pedir auxilio a un autobús de pasajeros en la carretera. Mientras la SSPC local se limita a justificar su inoperancia señalando los antecedentes delictivos de la zona limítrofe y el Gobierno del Estado insiste en negar riesgos para los funcionarios, la realidad golpea una vez más a la administración estatal, cuya única estrategia ante las emboscadas criminales sigue siendo el maquille de datos, el deslinde burocrático y la desinformación.