El terrorismo político y la violencia intimidatoria escalaron peligrosamente en Tamuín tras la aparición de una cartulina con un mensaje de amenaza explícita firmado al estilo del crimen organizado en los domicilios de activistas y lideresas sociales. Las agresiones dirigidas contra ciudadanas como Leticia Campa, Maribel Pozos y Alma Duarte buscan sofocar la indignación popular vertida contra el alcalde edilicio Marcelino Bautista Rincón, a quien la población responsabiliza por el colapso de los servicios básicos, el abandono de la infraestructura hidráulica y el tufo de corrupción en la inconclusa obra de la avenida Pedro Antonio de los Santos. Mientras las puertas de las organizadoras son marcadas para sembrar el terror psicológico, el ayuntamiento opera bajo un silencio cómplice que evidencia la incapacidad —o conveniencia— de la autoridad municipal ante el hostigamiento a sus críticos.Pese al intento de frenar la movilización mediante el chantaje del miedo, las organizaciones vecinales ratificaron que no darán un solo paso atrás y confirmaron la realización del “segundo round” de protestas frente a la Presidencia Municipal. La determinación ciudadana por encarar el desastre administrativo desnudó la ingobernabilidad en Tamuín, donde la respuesta ante la exigencia de agua potable y pavimentación ha sido la amenaza cobarde en lugar del diálogo. El silencio sepulcral del alcalde no solo aviva las sospechas sobre la procedencia del amedrentamiento, sino que coloca al municipio en un punto crítico donde la demanda de servicios básicos se libra bajo el asedio de la impunidad y la violencia política.