Este día, un grupo de trabajadores despedidos injustamente por el Gobierno del Estado se plantó afuera del Centro Integral de Justicia Penal para exigir una solución. Los afectados denunciaron directamente al secretario Héctor Miguel Dávila Guerrero como el autor que ha orquestado la limpia masiva de más de 2,000 empleados a lo largo de estos cinco años, un plan de despidos que comenzó en 2021 justo cuando Ricardo Gallardo tomó el poder de la gubernatura. Durante la manifestación, una mujer dio su testimonio y relató que fue despedida el 6 de junio de 2025 de manera injustificada por este funcionario, quien jamás le dio una respuesta ni un motivo del cese y, para colmo, provocó que la corrieran de inmediato del sindicato para dejarla desprotegida.El problema no termina ahí, pues los afectados aseguran que el gobierno estatal tiene congelados sus procesos legales en las oficinas de justicia y que no han tenido una sola audiencia desde hace un año. Se dio a conocer que la abogada Natalia Castillo es quien lleva la defensa legal de estas personas y, según explicaron los propios trabajadores, aunque ya se han ganado varios casos, los juicios están completamente parados en los juzgados y no avanzan. Lo más grave de este bloqueo es el daño a la salud de las personas, ya que muchos de los empleados despedidos se quedaron sin seguro social a la mitad de tratamientos médicos delicados o cuando estaban en pleno proceso quirúrgico, una acción que calificaron como una total falta de humanidad.Por último, los trabajadores criticaron que el gobierno de Gallardo esté regalando esos puestos vacantes a personas que entran sin tener experiencia ni trayectoria, quitándole el lugar a gente que tenía más de 17 años de servicio y que de verdad contaba con la sabiduría para hacer las cosas. También recordaron que durante el tiempo que laboraron para el estado nunca recibieron apoyo de las autoridades, al grado de que ellas mismas tenían que poner dinero de su propio bolsillo para comprar los materiales necesarios. Con esta protesta, la administración estatal y el secretario Dávila quedan muy mal parados ante los ciudadanos, mostrando una cara de favoritismo, abandono y abuso contra las familias potosinas.