Petróleos Mexicanos (PEMEX) emitió una tarjeta informativa con la que pretende calmar las protestas en San Luis Potosí, asegurando que la solicitud para detonar explosivos en San Antonio, Tanlajás y Ébano representa únicamente un “trámite administrativo de rutina” y no el inicio de la fracturación hidráulica (fracking). Sin embargo, al validar la autenticidad de los oficios, la empresa paraestatal dejó al descubierto una peligrosa estrategia de contención social y manipulación técnica. Activistas y comunidades indígenas denunciaron que PEMEX recurre a eufemismos elegantes en sus planes anuales, sustituyendo el término “fracking” por conceptos como “explotación de yacimientos de geología compleja” o “no convencionales” para camuflar el proyecto y evitar que los pueblos originarios defiendan activamente sus territorios.La utilización de dinamita para supuestos “estudios de adquisición sísmica” constituye el primer paso obligatorio y la fase de prospección indispensable para mapear el subsuelo antes de iniciar la fracturación con agua y químicos. La movilización civil alerta que la intervención petrolera abarca un polígono de explotación mucho mayor que omite municipios clave como Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, violentando sistemáticamente el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios. Ante la flagrante opacidad de la empresa y la reactivación injustificada de permisos de alta peligrosidad en pozos supuestamente inactivos, las asambleas comunitarias de la Huasteca han ratificado actas de no consentimiento para blindar sus manantiales y exigir el cumplimiento del compromiso presidencial de prohibir legalmente esta destructiva práctica en el país.