El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido de manera oficial el título de propiedad de la marca “DINOASIS AQUA PARK” a favor de José Enrique Rauda López, un particular con domicilio registrado en Pátzcuaro, Michoacán. El documento, expedido el pasado 2 de julio de 2026 y con vigencia hasta el 2036, pone al descubierto que el millonario y publicitado proyecto de entretenimiento no es un patrimonio público del estado, sino un negocio con dueño e intereses particulares claramente definidos. Esta revelación oficial tira la narrativa oficialista y compromete directamente a la administración estatal, obligando a examinar las verdaderas razones detrás del uso de recursos gubernamentales para beneficiar a un tercero ajeno a la entidad potosina.Ante esta confirmación legal, el Gobierno del Estado y el grupo político de Ricardo Gallardo Cardona quedan bajo la lupa por la intensa promoción e inminente desarrollo de este parque acuático dentro de las instalaciones públicas de los Parques Tangamanga. Las autoridades están estrictamente obligadas a transparentar la relación jurídica con el titular de la marca, aclarar bajo qué licitación o concesión se entregó el espacio colectivo y detallar qué porcentaje de los ingresos ingresará realmente al patrimonio potosino en lugar de terminar en manos privadas. Lo que en cualquier administración funcional encendería las alarmas de las auditorías por presunto desvío e ilegalidad, en San Luis Potosí avanza bajo una opacidad institucional que atenta directamente contra el patrimonio ambiental y económico de los ciudadanos.