Por Anahi Torres
Hay derrotas que ningún gobierno puede ocultar.
La de esta semana quedó registrada en una iniciativa de derogación. Y también en una fotografía.
La llamada Ley Serrano nació con el discurso de proteger a la sociedad del uso indebido de la inteligencia artificial. Murió convertida en el mayor símbolo de la persecución contra la libertad de expresión en San Luis Potosí.
No cayó porque el poder descubriera las virtudes de la democracia.
Cayó porque sostenerla resultó más costoso que enterrarla.
Y eso tiene un nombre. Derrota.
Ricardo Gallardo, gobernador del estado de San Luis Potosi PIERDE.
Pierde porque una ley presentada como ejemplo nacional terminó exhibiendo a San Luis Potosí ante medios nacionales, organismos defensores de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pierde porque intentó convertir un problema político en un problema penal.
Pierde porque permitió que una reforma impulsada desde el Congreso derivara en investigaciones, órdenes de aprehensión, detenciones y procesos contra periodistas y creadoras de contenido.
Pierde porque el intento de controlar la crítica terminó multiplicándola.
Pierde porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó la reforma ante la Suprema Corte, obligando al gobierno a retroceder antes del juicio constitucional sobre su propia obra.
Pierde porque ninguna derogación borra lo que ya ocurrió.
También pierde Héctor Serrano.
La ley que llevó su apellido ya no será recordada como una innovación jurídica.
Será recordada como una advertencia.
En política hay derrotas que no se anuncian en conferencia de prensa.
Se anuncian cuando un gobierno desmonta aquello que meses antes defendía con convicción.
Pero quizá la mayor derrota no sea jurídica.
Sea moral.
Porque mientras el gobierno hablaba de diálogo y reconciliación, había una ausencia imposible de ignorar.
Las víctimas.
No estaban Eréndira Reyes Aguillon, ni Alejandra Hermosillo, encarceladas tras una denuncia presentada por la senadora Ruth González Silva.
No estaba Christian Herrera.
No estaban quienes enfrentaron órdenes de aprehensión.
No estaban quienes acudieron a tribunales para defender un derecho que nunca debió ponerse en riesgo.
Entre ellos, quien escribe estas líneas.
Derogar una ley puede cerrar un capítulo legislativo.
No devuelve los días en prisión.
No cancela el miedo.
No reconstruye la confianza.
Y tampoco responde la pregunta más importante.
Si la ley desaparece…
¿desaparecerá también la lógica de perseguir a quien incomoda al poder?
Regular la inteligencia artificial puede ser necesario.
Lo que nunca será aceptable es utilizar esa regulación para administrar la crítica, clasificar medios o convertir al periodismo incómodo en un problema de Estado.
Las democracias no se fortalecen cuando el gobierno decide quién puede hablar.
Se fortalecen cuando el poder aprende a escuchar aquello que preferiría no oír.
Y entonces apareció la fotografía.
Toda época deja una imagen que la resume.
No siempre es la que el poder quería conservar.
La tomada esta semana en Palacio de Gobierno difícilmente será recordada por el anuncio de una nueva iniciativa.
Será recordada por quienes decidieron aparecer en ella.
No porque dialogar con el gobierno sea incorrecto.
En democracia debe ocurrir.
Lo que vuelve extraordinaria esa imagen es el momento en que fue tomada.
Ahí están funcionarios. Legisladores. Empresarios. Representantes de organismos públicos. Dueños de medios. Periodistas. Comunicadores.
Algunos defendieron públicamente la ley.
Otros guardaron silencio mientras colegas enfrentaban procesos penales.
Otros aparecieron cuando el costo político ya había sido pagado por alguien más.
Las víctimas, en cambio, quedaron fuera del encuadre.
Y esa ausencia explica esta historia mejor que todos los discursos pronunciados ese día.
Porque las fotografías tienen una virtud que el poder suele olvidar.
Sobreviven.
Dentro de algunos años, cuando la Ley Serrano sea apenas una nota al pie de la historia legislativa de San Luis Potosí, esa imagen seguirá haciendo las mismas preguntas.
¿Quién estuvo del lado del poder?
¿Quién estuvo del lado de la libertad?
¿Quién decidió guardar silencio mientras otros pagaban el precio de hablar?
Las leyes pueden derogarse.
Los discursos pueden corregirse.
Los gobiernos pueden cambiar de estrategia.
Pero la memoria pública tiene una costumbre incómoda.
Siempre vuelve.
Y cuando vuelve, ya no pregunta quién ganó la discusión.
Pregunta quién estuvo del lado correcto de la historia.
“Los gobiernos creen que las leyes pueden derogarse. Lo que olvidan es que la memoria nunca vota a favor del olvido.”