Cuestionada este día sobre la situación legal de las activistas Ere Aguillon y Alejandra Hermosillo —quienes a un mes de la derogación de la llamada “Ley Serrano” continúan acudiendo a firmar medidas cautelares pese a que ya no existe un delito que perseguir—, la magistrada Lourdes Zárate indicó que se trata de un asunto que debe verificarse directamente en los expedientes, precisando que para que las afectadas puedan dejar de cumplir con esta obligación jurídica es indispensable que se presente la solicitud formal por parte de las interesadas y que dicha petición sea formalmente aprobada por el juez de la causa, un trámite que hasta el momento no se ha concretado.En este sentido, la autoridad judicial aclaró que los procesos penales siguen un cauce estricto donde las partes involucradas deben agotar las instancias procesales correspondientes ante los tribunales, reiterando que la ruta para suspender cualquier medida cautelar depende exclusivamente de la determinación del juez que lleva el caso; mientras tanto, las defensoras de derechos humanos continúan sujetas a los requerimientos legales derivados de un marco normativo que ya fue revocado por el Congreso del Estado, evidenciando las trabas burocráticas que aún enfrentan para lograr la liberación total de sus firmas periódicas.