La titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Ana Ley Flores Sánchez, se encuentra en el centro de la polémica institucional luego de ser emplazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enviar en un plazo de 24 horas las constancias de notificación relacionadas con la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos Somos y Morena en contra de la reforma a la Ley Electoral local. El requerimiento del máximo tribunal se originó tras la falta de respuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), omisión que presuntamente derivó de que el órgano electoral no fue notificado en tiempo y forma por el juzgado federal, pese a los múltiples intentos de contacto por parte de la Corte.Este llamado de atención se suma a la grave crisis interna que enfrenta el órgano jurisdiccional, marcado por denuncias públicas de acoso y hostigamiento laboral que han propiciado la renuncia de al menos 30 colaboradores, un descontento que escaló al punto de realizar protestas y huelgas en las afueras del recinto judicial para exigir un alto a los abusos. Mientras el Poder Judicial federal acapara la atención por la falta de respuesta institucional, el proceso de revisión de las reformas —que impugnan la omisión de consultas previas y la inclusión de filtros para candidaturas— continúa su curso bajo la lupa de la SCJN.