En una postura que raya en la criminalización de la protesta social, el diputado Rubén Guajardo respaldó abiertamente el comunicado emitido por el Congreso del Estado y condenó categóricamente una supuesta violencia que únicamente existe en el discurso oficial. El legislador prefiere fabricar narrativas de confrontación y no descarta la aplicación de medidas legales en contra de quienes acudieron al recinto a exigir cuentas, ignorando majaderamente que la movilización del pasado viernes se desarrolló de forma pacífica y sin agresiones físicas contra los servidores públicos.Resulta inaceptable que la respuesta del Poder Legislativo ante el descontento ciudadano sea amagar con persecución judicial en lugar de asumir la autocrítica por la cerrazón institucional. Agitar el fantasma de la violencia para justificar posibles acciones legales contra los inconformes solo confirma el talante autoritario de quienes prefieren criminalizar la libre expresión antes que enfrentar las legítimas demandas de la sociedad potosina.