En una descarada maniobra para lavarle las manos a su compañero de bancada, el diputado del PVEM Luis Felipe Castro Barrón —esposo de la exvocera parlamentaria Jazmín Yoali Andrade— salió al paso a justificar al legislador Luis Fernando Gamez tras quedar al descubierto que cobraba en la Secretaría General de Gobierno mientras ejercía su cargo en el Congreso. Intentando minimizar el señalamiento hecho por el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, Castro Barrón redujo el presunto cobro de doble nómina a un simple “error administrativo”, para luego virar el reflector exigiendo fiscalizar al municipio. Esta defensa tibia pero conveniente desnuda el doble rasero con el que opera la mayoría oficialista en el Poder Legislativo: implacables para perseguir a los gobiernos de oposición, pero complacientes y perdonavidas cuando los señalados de “aviaduría” y anomalías pertenecen al círculo del Partido Verde.La postura de Castro Barrón no solo pone en evidencia la urgencia por blindar a Gámez Macías ante un escándalo de opacidad, sino que retrata la dinámica de complicidades que domina en el Congreso potosino. Al admitir entre líneas que en la administración pública la presencialidad es indispensable mientras se escuda en pretextos burocráticos para justificar cobros indebidos, el legislador del PVEM deja al descubierto la simulación con la que el oficialismo aplica la ley. Lejos de actuar con rigor e imparcialidad, los diputados alineados prefieren tejer redes de protección política entre sus propios cuadros, convirtiendo la fiscalización de los recursos en un garrote de golpeteo partidista en lugar de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.