En un vergonzoso despliegue de sometimiento y selectividad institucional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) emitió la Recomendación 10/26 para exigir una disculpa pública al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, por supuestas expresiones discriminatorias hacia el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés. Resulta indignante que, mientras cientos de víctimas de delitos graves, violaciones a derechos fundamentales y abusos de autoridad son ignoradas sistemáticamente por una CEDH paralizada y complaciente, el organismo dedique de inmediato recursos y prisa administrativa a blindar la figura de un político con amplio recorrido y poder en la entidad. La resolución no solo raya en el ridículo institucional, sino que vulnera la autonomía universitaria al intentar amordazar la libertad de expresión frente a figuras públicas acostumbradas a la inmunidad mediática.Para coronar el despropósito, la Recomendación pretende inscribir al legislador oficialista en el Registro Estatal de Víctimas para garantizarle una “reparación integral”, una figura pensada para resarcir daños irreparables a familias despojadas de sus derechos más elementales y no para reparar el ego lastimado de un diputado frente a un micrófono. Al obligar a la máxima casa de estudios a someter a su personal a capacitaciones y protocolos dictados por el resentimiento político, la titular de la CEDH desnuda la pérdida absoluta de imparcialidad del organismo, confirmando que la defensoría de los derechos humanos en San Luis Potosí ha sido convertida en una simple oficina de gestoría y cobro de favores para la clase política gobernante.