A poco tiempo de haber asumido la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas San Luis Potosí (CEBP) de San Luis Potosí, la gestión de Héctor Edgar Mar del Ángel enfrenta severas denuncias por parálisis operativa, opacidad y una descarada captura partidista que distorsiona su misión humanitaria. Voces críticas y fuentes internas acusan al comisionado —un perfil con antecedentes policiales cuestionados por presuntos abusos del pasado— de haber transformado la dependencia en un búnker de protección personal, respaldado por escoltas y vehículos blindados. A este panorama se suma la manipulating discrecional de expedientes y la colocación de perfiles afines en áreas clave, como la Dirección Jurídica, con la aparente intención de blindar sus decisiones y desmantelar el área de análisis de contexto, insumo científico indispensable para dar con el paradero de los desaparecidos.La crisis institucional se profundiza ante una presunta red de complicidades y encubrimiento que involucra a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, encabezada por Verónica Onofre Serment, a la que señalan de congelar quejas internas —incluidas denuncias de acoso sexual contra el titular— para evitar escándalos políticos. Asimismo, llama la atención el pasivo silencio de colectivos emblemáticos frente a estos atropellos, escenario alimentado por presuntos nexos políticos y personales ligados al oficialismo estatal. Mientras las familias de las víctimas continúan rastreando fosas y veredas por cuenta propia, la CEBP se consolida como una oficina de simulación burocrática dedicada a cuidar espaldas y proteger privilegios, dejando desamparadas a las víctimas en la entidad.