La delincuencia organizada asestó un nuevo golpe en las carreteras potosinas con la privación ilegal de la libertad de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, quien viajaba junto a su familia con destino a Real de Catorce. Mientras las víctimas de este violento despliegue buscaron refugio e auxilio tras ser despojadas y liberadas, la prioridad de las autoridades locales no fue el cerco de seguridad ni la atención a la crisis, sino deslindar inmediatamente la responsabilidad del territorio estatal. Ante la mirada atónita de la ciudadanía, la maquinaria de comunicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prefirió desplegar boletines aclaratorios antes que garantizar certidumbre en las carreteras que conectan al Altiplano potosino. Esta prisa por declarar que los hechos ocurrieron “del lado de Zacatecas” expone una vez más la narrativa encubridora y lavamanos que caracteriza al gobierno del estado, obsesionado con sostener una ficción de paz a costa de la realidad violenta que asola las zonas limítrofes. En lugar de asumir el control operacional y coordinar acciones de fondo para frenar la impunidad criminal en las vías de acceso a los destinos turísticos del estado, la vocería oficial opta por la burocracia de los mapas, lavándose las manos y reduciendo una tragedia de alto impacto político y humano a una simple disputa de fronteras y jurisdicciones.