La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas desmintió categóricamente la versión oficial del gobierno potosino al confirmar que la privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, y su familia ocurrió efectivamente en suelo de San Luis Potosí. Este informe derrumba la narrativa encubridora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP, que en un descarado intento por lavarse las manos y sostener la ficción de un estado seguro, se apresuró a falsear los hechos para culpar a la entidad vecina; con esta evidencia, la vocería y las corporaciones policiales potosinas quedan una vez más exhibidas ante la ciudadanía como aparatos de propaganda dispuestos a mentir con tal de maquillar la grave crisis de impunidad que se vive en sus carreteras.