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San Luis Potosí
15 agosto, 2026
Dados y Barajas

TENERLE ROÑA A LA LEY

Por: Abelardo Medellín Pérez

Dos sucesos ocurridos la última semana, se han convertido en la prueba patente de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, le tiene roña y animadversión al estado de derecho y a la ley.

Comencemos por lo ligero; a inicios de semana, se dio a conocer que la organización “Cambio de Ruta” promovió un amparo para detener cualquier construcción dentro del Área Natural Protegida de la Joya Honda.

Al amparo se le dio entrada y se dictó la suspensión del acto reclamado; el revés fue especialmente duro para el gobierno de San Luis Potosí, no porque se les estuviera prohibiendo la posibilidad de intervenir en la Joya Honda, sino porque el hecho revela que el ejecutivo está muy mal asesorado en temas técnicos y ecológicos.

Ante dicho amparo, el gobernador salió a medios y afirmó que este amparo había sido promovido con cierto dolo y aseguró que, a pesar de todo, la construcción del Cristo Rey en la Joya Honda iniciaría en marzo.

Marzo aún no llega, pero la declaración por sí sola es preocupante. En efecto, el gobernador no ha violado la determinación legal del amparo, pero tampoco reviró. No mostró un juicio sano y de respeto al marco legal.

No. Gallardo Cardona, en lugar de recular y argüir un muy político “lo vamos a analizar”, prefirió el empecinamiento berrinchudo de “aquí mis chicharrones truenan”.

Lo anterior fue el suceso activo que reveló la animadversión del gobernador ante la ley, pero también hubo (específicamente este viernes) una señal pasiva de esta roña por el marco legal.

El viernes por la noche, se confirmó la detención del ex secretario de Seguridad Pública estatal en tiempos de Juan Manuel Carreras, Jaime Ernesto Pineda Arteaga; según la fiscalía, la detención se efectuó por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas, y uso ilícito de las atribuciones y facultades.

La detención no sorprende; los delitos que se le imputarán, menos. Con casi 50 investigaciones abiertas, de parte de Gallardo y contra el gobierno de Carreras, era muy difícil que una no tuviera consecuencias. Sobre todo, si consideramos que José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado, ha mostrado un total servicio a las órdenes del actual gobernador.

No confundamos esta reflexión; si el ex secretario cometió algún ilícito, que se le investigue, aprehenda y juzgue, pero no solo a él, sino a todos. Y no me refiero a todos los del antiguo gabinete, no, a todos los que tengan investigaciones en su contra.

¿Por qué la insistencia con “todos”? Bueno, pues resulta que justo ayer, sábado 12 de febrero, se cumplieron 4 años que el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, por el caso de “Sandra Sánchez Ruíz”, a quien los gobiernos de la gallardía le pagaron 67 millones de pesos que no se saben a dónde fueron.

Cabe recordar que el anterior fiscal, Federico Garza Herrera, decidió pasar a instancias federales esta denuncia, pero no fue la única, por que todavía están las relacionadas con: enriquecimiento inexplicable, no declarar impuestos, irregularidades de informes financieros y otros que pueden ser revisados en el siguiente enlace:

http://www.frenteciudadanoanticorrupcion.org/expediente-de-la-gallardiacutea.html

Todo lo descrito aquí, ni siquiera da para decir que hay justicia selectiva. Más bien, parece que la ley y el estado de derecho tienen un apagador gigantesco (quizá descompuesto como el del pinito) en San Luis Potosí. Cuando la ley y las determinaciones de un juez estorban a mi proyecto de construir en un Área Natural protegida; se apaga, lo haré de todas formas. Cuando me es políticamente conveniente perseguir a ex secretarios; se prende, vayan por el de seguridad en vísperas de que se cumplan 4 años de las denuncias contra mi estirpe.

Así parece ser la ley para el actual gobierno de San Luis Potosí. Lo que augura es un manejo faccioso de las instancias que podría tener oculta (aún) su peor cara.

Da para decir por igual que el gobernador ha deformado la frase presidencial sobre la ley y la ha reajustado a:

Al margen de la ley, quien convenga; y por encima de la ley YO”.

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