Por: Abelardo Medellín
Lo que el actual gobierno del estado de San Luis Potosí prometió en campaña era un “vivir sin miedo” que parecía traer consigo el compromiso de una transición firme, pero justa, a un nuevo tipo de gobierno.
Lo que recibimos, aunque esperábamos que no fuera así, fue un cambio aparatoso, insulso y, ahora, hasta abusivo.
Durante la última semana el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona ha emprendido una cacería de burócratas, cuya intención es la de crear vacantes para todo el nuevo personal que es cercano al mandatario y su grupo de poder.
El pasado martes 15 de febrero se reportó el despido de 13 trabajadores de la Dirección general del Parque Tangamanga I, al día siguiente los despidos continuaron en la Comisión Ejecutiva Estatal de Protección a Victimas (CEEAV), en el Centro de las Artes, en el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y en un puñado más de dependencias que, durante los últimos cuatro días, padecieron la visita de los “heraldos – gallardos” de la administración.
El móvil de despidos era el mismo: un hombre llegaba a las oficinas de una dependencia, se presentaba como trabajador de la Oficialía Mayor, se identificaba con un nombre dudoso, citaba en las oficinas directivas a un trabajador a la vez, notificaba a los trabajadores que su relación laboral con la administración había terminado… y ya, no hubo oficio, no hubo notificación en papel del despido, no hubo razón más que la de “órdenes superiores”, es más, la persona que notificaba del cese afirmaba que el despido no era oficial, pero sí venía directo de Oficialía Mayor.
Todos los despedidos eran trabajadores basificados y afiliados a un sindicato, algunos de ellos con más de 30 años en el servicio público.
¿En el fondo qué revelan estos despidos?, pues fue el tiro de gracia para intentar limpiar las oficinas de gobierno.
No para purificar a la burocracia, sino para meter a una nueva burocracia, pero sin experiencia comprobada aún, sin motivos sólidos o congruentes y sin mediar un proceso legal adecuado.
Esta ola de despidos injustificados, era de esperarse. Desde que inició la administración (tanto la de Gallardo como la del ayuntamiento de la capital), hubo una serie de despidos contra personas que parecían fáciles de mover o remover.
Sin embargo, entre los despidos llegaron a darse situaciones como las de la Comisión Estatal del Agua (CEA, donde se despidió a 3 trabajadores en noviembre del año pasado y esto provocó la reacción de los sindicatos contra la administración.
Ante la reacción de los sindicatos, el gobierno metió la mano de hierro al bolsillo y se contuvo de cesar a más trabajadores sin un plan preciso, que al menos le permitiera quedar impune ante las fuerzas sindicales
¿Y qué hizo?, pues esta semana, como si hubieran decidido con las vísceras y no con la cabeza, el gobierno decidió mandar a trabajadores de dudosa procedencia para notificar de despidos completamente ilegales.
Para los sindicatos, esta ola de despidos dejó ver las claras intenciones del gobierno de Gallardo Cardona: eliminar a los sindicatos de entre la burocracia estatal y debilitar las capacidades de estos.
Tan claro fue el mensaje, que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) reportó que tan solo esta semana, el gobierno despidió al doble de personas (40 en total) de las que había despedido entre septiembre del 2021 y enero del 2022.
¿El gobierno saldrá impune de esta campaña de despidos?, la verdad es que no. A largo plazo, estos despidos podrían terminar por convertirse en la “herencia maldita” que Gallardo Cardona se auto provocará y le delegará a su sucesor.
Pensémoslo así: el gobierno de Ricardo Gallardo viola flagrantemente la ley y cesa a cientos de trabajadores sindicalizados del gobierno, lo logra, pero los sindicatos promueven acciones judiciales que se resuelven a favor de los trabajadores y esto termina por endeudar al gobierno con cientos de laudos laborales. Claro que después de todo esto el gobernador podría salir y decir: “miren a los sindicalizados, ¡quieren más dinero!”, pero esto no sería una suficiente razón, ni política ni legal, para que deslinde de pagar esos laudos. Al final tendrá que pagarlos y eso le costará al erario, no a él. Y si él decide no pagarlo, entonces podría (como diría él mismo), heredarlo.
Una herencia maldita más, pero una que ahora le pasaría Gallardo Cardona a quien sea que venga después; porque, siendo sinceros, este gobierno parece tener las prioridades presupuestales puestas más sobre los eventos musicales, que sobre el quehacer administrativo.
Al final, parece que el jefe del ejecutivo estatal no ha caído en cuenta que, si siembras despidos, cosecharás herencia maldita.