El anuncio del presidente del Congreso del Estado, Luis Fernando Gamez, sobre impulsar un juicio político en contra del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, vuelve a poner en evidencia el uso faccioso del Poder Legislativo como un garrote de persecución política. Si bien el ejercicio de fiscalización a las administraciones municipales es una obligación constitucional que debe cumplirse sin cortapisas, resulta inaceptable que la presidencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí muestre una vehemencia selectiva para castigar a los gobiernos de oposición mientras guarda un cómodo silencio complaciente ante las severas irregularidades y la falta de transparencia que arrastra el Ejecutivo estatal.La rendición de cuentas debe ejercirse con rigor institucional y sin sesgos partidistas, no a través de amagamientos mediáticos dictados desde el tintero del poder central. Exigir claridad en el manejo de los recursos públicos de la capital es una demanda ciudadana legítima, pero carece de toda calidad moral cuando la propia directiva del Congreso se niega a auditar las obras inconclusas, el gasto desmedido en eventos masivos y los millonarios pasivos que el Gobierno del Estado mantiene con dependencias como Interapas. La justicia selectiva no es fiscalización: es amedrentamiento político pagado con el erario de los potosinos.